Francia Márquez se despachó tras decisión de la Corte Constitucional de tumbar Ministerio de Igualdad: esto dijo

Con duros señalamientos a los magistrados de la Corte Constitucional, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, que además es ministra de Igualdad, reaccionó el jueves 9 de mayo a la determinación tomada por la Sala Plena del alto tribunal en relación, justamente, con declarar inexequible la ley con la que se dio vida jurídica a su cartera: la cual dejará de existir al término de la legislatura del Congreso del 2025-2026. Una decisión que causó controversia.

Desde Manizales, como parte de una nueva jornada del Gobierno con los barrios populares, la funcionaria se refirió a esta situación. Y lo hizo mientras exponía a los presentes uno de los casos que, según ella, motivó a la creación de su despacho: el desabastecimiento de agua en La Guajira, que se ha convertido en epicentro de los más duros reveses del Ejecutivo, luego que se destapara el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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“¿Cómo es posible que una institución que trabaja por la gente más vulnerable de este país tenga que desaparecer? Respetamos la decisión, pero no la compartimos”, afirmó Márquez, que no ocultó su descontento con el fallo de la Corte, en respuesta a la demanda interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que fue la que pidió que se derogara la ley 2281 de 2023; que es la que permitió la creación del citado ministerio.

De acuerdo con Márquez, que fue una de las principales promotoras de esta dependencia del Estado, como parte de las promesas hechas en la campaña en 2022, no bajarán los brazos para mantener con vida el citado ministerio. De hecho, la titular de la cartera anunció que tramitara de nuevo ante el Congreso un proyecto de ley que le dé de nuevo piso en materia legal, pues la normativa aprobada por el legislativo para tal fin expirará al término del actual congreso, en junio de 2026.

“Dejamos aquí, en esta mesa, expresada nuestra posición frente a la decisión de la Corte. Y decirles como ministra que acá seguimos firmes, porque ese fue el compromiso del Gobierno. Y vamos a seguir firmes, trabajando por la gente, y firmes trabajando por la transformación de este país, hasta que la dignidad se haga costumbre”, agregó Márquez en su intervención, con lo que le salió al paso al fallo del alto tribunal en este sentido.

Para la Sala Plena del alto tribunal, es claro que en el trámite de la citada ley se registraron una serie de vicios de trámite, por lo que fue tachada de inexequible en su discusión. A juicio de la Corte, en el trámite de aprobación, el Congreso incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable; la razón: no se llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio, de acuerdo a lo que deben ser las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003.

Dicha ley determina las normas orgánicas “en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”. Con la omisión, se violó, además, el artículo 151 de la Constitución Política, en el que se especifica el cumplimiento de los requisitos previstos para la aprobación de las leyes ordinarias. “Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023″, dijo la Corte en su fallo, que generó opiniones divididas entre simpatizantes del Gobierno y críticos.

En lo que respecta a las razones según las cuales no se puede ejecutar de forma inmediata la determinación, la Corte precisó que la misma “implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza”. Así pues, en caso de que se aplicara, es probable que ocasiones afectaciones en “la implementación de la política pública para garantizar los derechos de sujetos de especial protección”, como madres cabeza de familia y personas en situación de discapacidad.