CNE abrió indagación preliminar al Partido de La U por presunta financiación irregular

El proyecto de reforma a la salud, que logró pasar los debates en la Cámara de Representantes en 2023, se hundió en la Comisión Séptima del Senado de la República, por lo que varios políticos han salido a manifestar su descontento con la decisión tomada por los senadores.

Uno de ellos es el congresista Wilson Arias, que aseguró que hay conglomerados económicos dueños de Empresas Promotoras de Salud (EPS) que han financiado campañas de diferentes partidos políticos, lo cual, pudo haber influido en la votación de la reforma.

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Señaló al Partido Liberal, a la Alianza Verde, a la Alianza Social Independiente (ASI), al Centro Democrático y al Partido de La U de haber recibido dichos recursos. Incluso, señaló a Keralty, la empresa española que controlaba a la EPS Sanitas, intervenida por la Superintendencia de Salud, de donar “cientos de millones de pesos” a diferentes colectividades que “hundieron la reforma”.

Por eso, radicó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de las cinco colectividades, ya que esos dineros que presuntamente recibieron en 2022, pudieron haber sido destinados a las campañas de los senadores que hoy están electos.

Por eso, según informó W Radio, el CNE abrió indagación preliminar al Partido de La U por una presunta financiación irregular. El partido tiene cinco días para allegar al CNE una comunicación en la que responda por la queja presentada por Arias, adjuntando las pruebas que se requieran.

En el quinto artículo del auto del consejo se ordena solicitar a diferentes compañías y grupos empresariales sus actas de constitución, certificados de existencia y representación legal y otros documentos que evidencien su naturaleza jurídica, los cuales deben ser enviados en cinco días. Las empresas mencionadas en el auto son:

• Organización Sanitas Internacional
• Grupo Keralty
• Seguros Comerciales Bolívar S.A.
• Seguros Bolívar S.A.
• Banco Davivienda S.A.
• Grupo Bolívar

Por otro lado, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales también tiene cinco días para allegar al CNE un informe del patrimonio, ingresos y gastos del Partido de La U correspondientes a 2022, cuando se llevaron a cabo las elecciones del Congreso de la República y las presidenciales.

De acuerdo con el CNE, de confirmarse que, en efecto, los partidos políticos recibieron recursos de parte de estos conglomerados económicos, se estaría transgrediendo el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011. En él, se establece que permitir la financiación de partidos, movimientos políticos y campañas electorales con fuentes prohibidas, es una falta sancionable.

Asimismo, el numeral 1 del artículo 27 de citada ley detalla cuáles son las fuentes de financiación prohibidas: “Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales”.

Según el senador Wilson Arias, el Partido de La U habría recibido $19 millones de la Organización Sanitas Internacional y otros $68 millones del conglomerado Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar. Asimismo, el Centro Democrático habría sido receptor de $35 millones donados por Keralty, además de otros $302 millones donados por el conglomerado Bolívar.

El Partido Liberal, por su parte, habría recibido $10 millones de Keralty y $72 millones del conglomerado Bolívar, que también entregó $112 millones al Partido Conservador.

Dicho conglomerado, de igual manera, habría entregado $72 millones al Partido Liberal y otros $12 millones a la colectividad ASI. Mientras tanto, Keralty, habría donado $12 millones y $10 millones a estos partidos, respectivamente.

El congresista insistió en que algunos congresistas que estuvieron en el debate de la reforma a la salud votaron “no” para que esta siguiera adelante, ya que, presuntamente, se verían afectados con la iniciativa. Pues, dejarían de beneficiarse con $80 billones anuales que le da el Estado. “No están preocupados por tu salud, sino por mantener un negocio muy rentable para ellos a costillas del Estado”, aseguró Arias.